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Plan
Condor
Desde octubre de
1975, se gestó la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur,
conocida generalmente como Plan Cóndor. La misma significó la creación de
una “oficina de coordinación y seguridad”–que funcionó en las décadas del
’70 y el ’80- que estuvo integrada por los servicios de inteligencia y
organismos de seguridad de varios países sudamericanos con la finalidad
de “enfrentar la acción de la guerrilla”, utilizando métodos de
represión ilegal.
En noviembre, durante la clausura de la 1º Reunión Interamericana de
Inteligencia Nacional, se firmó en Chile un acta que establecía la
conformación de un organismo llamado Cóndor. A partir de 1978, se
incorporaron a él Ecuador y el "Plan Cóndor" formó parte
de la instauración de la Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina
cobijada por los Estados Unidos. ¿Cuáles eran los objetivos del plan?
Compartir información obtenida por los respectivos servicios de
inteligencia; eliminar la actividad armada de las guerrillas comunistas;
vigilar las fronteras para evitar que quienes estaban perseguidos pudieran
exiliarse en los países vecinos; formar cuadros de las fuerzas de seguridad
para operar en toda Latinoamérica o en otras partes del mundo.
Adiestrarlos para detectar opositores, secuestrarlos, torturarlos; y luchar
para mantener en las sociedades la vigencia de valores “occidentales,
humanistas y cristianos”.
Los opositores políticos –militantes sociales, religiosos, profesionales,
docentes, trabajadores, estudiantes considerados "zurdos"- eran
detenidos en cualquier país. El seguimiento y secuestro estuvo a cargo de
grupos de policías, militares de civil, paramilitares que se trasladaban en
vehículos sin identificación; recorrían los barrios, las ciudades, los
pueblos, buscando guerrilleros, activistas, “zurdos”. Una vez secuestrados,
eran llevados a prisiones clandestinas, donde policías, militares y/o
paramilitares realizaban operaciones para obtener información: tortura
física y psicológica. Todo este
Si los detenidos eran extranjeros y eran reclamados
por las autoridades represivas de su país de origen, eran trasladados
clandestinamente hacia allí. En ocasiones, se llegaron a realizar
ejecuciones de detenidos a pedido de las autoridades represivas de su país
natal. Un ejemplo de ello es el asesinato del general Carlos Prats,
ex-comandante en jefe del ejército en tiempos del gobierno de Salvador
Allende. En septiembre de 1974, miembros de la Dirección de Inteligencia
Nacional chilena (DINA) viajaron a Buenos Aires y, en colaboración con
agentes de seguridad argentinos, concretaron el crimen del general.
En Washington, fueron divulgadas una serie de comunicaciones del
Departamento de Estado que dan cuenta de la forma en que las fuerzas de
seguridad uruguayas persiguieron, torturaron y asesinaron a exiliados
políticos uruguayos en Argentina, con el apoyo de la Secretaría de
Inteligencia del Estado (SIDE) y con el consentimiento y entrenamiento de
los Estados Unidos.
Según esta
documentación, el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas de
Uruguay (OCOA) y uno de sus líderes, el comisario Hugo Campos Hermida,
desarrollaron operaciones de inteligencia de manera sistemática en
Argentina desde junio de 1976. Campos Hermida había sido entrenado por la
Oficina de Seguridad Pública de Estados Unidos -departamento vinculado a la
CIA- que tenía a Dan Mitrione como director en Uruguay.
Dan Mitrione
actuó como asesor de seguridad de los Estados Unidos en Latinoamérica.
Antes de “trabajar” en Uruguay, lo hizo en Brasil. Allí entrenaba a
la policía en la aplicación de técnicas de tortura para lo cual utilizaba
como conejillo de indias a vagabundos a quienes nadie reclamaría. Inventó
una la silla para choques eléctricos, bautizada por la policía brasileña
como la silla del dragón; investigó y desarrolló una
técnica para producir la disociación entre el cuerpo del detenido y su
mente, utilizando una descarga eléctrica precisa en un lugar vulnerable del
ser humano; generó un método para lograr la rendición y sumisión de los
detenidos y conseguir la información solicitada.
La dictadura
brasileña y sus colaboradores tuvieron una participación especial en todo
este plan. Tratando de ser un buen alumno de los Estados Unidos y de
transformarse en la potencia hegemónica de América del Sur, colaboró desde
Escola Superior de Guerra y luego, desde la Escuela Nacional de Informaciones
en la formación de agentes de inteligencia y seguridad. Además, promovió la
realización de intercambio de materiales e información producidos por los
aparatos de represión de los diferentes países. Los servicios de
inteligencia brasileros participaron de la gestación de los golpes
militares en Chile y Uruguay.
Esta información
se conoció y se pudo reconstruir a través del relato de sobrevivientes;
también porque a principios de la década del ´90, se descubrieron en
Paraguay documentos secretos de la policía paraguaya que fueron denominados
"Archivos del terror" y a partir de la desclasificación de
documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
En Paraguay, tal
vez por error, tal vez porque se sentían intocables e impunes, las fuerzas
de seguridad de ese país registraron su accionar y el de sus socios
cóndores de los países vecinos. En 1992, algunos sobrevivientes y
militantes por los derechos humanos encontraron documentos reveladores de
la represión en Paraguay como parte del Plan Cóndor, conocido e incentivado
por el gobierno de Estados Unidos.
Los archivos del
terror también muestran redes represivas más allá del Cono Sur. Redes
tendidas por medio de grupos anticomunistas –militares y paramilitares- que
daban apoyo a los regímenes militares, participaban de ellas delegaciones
de México y de varios países centroamericanos.
Archivos
similares fueron descubiertos en los sótanos del Ministerio de Gobierno en
La Paz - Bolivia. Los documentos ponen al descubierto los actos de tortura,
vejámenes y humillación llevados a cabo por la dictadura de Hugo Bánzer y
sus socios del Cono Sur.
Los documentos
del Departamento de Estado estadounidense, implican al ex-secretario de
Estado, Henry Kissinger, y a otros altos funcionarios en la represión llevada
a cabo en América Latina. Mucha documentación muestra los fluidos
intercambios entre la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y el
Departamento de Estado en Washington. Estos escritos dan cuenta de que las
administraciones estadounidenses de Ford, Carter y Reagan, estaban
informados y conectados con la represión que se estaba llevando a cabo en
Argentina y que, pese a reclamos formales en defensa de los derechos
humanos, consideraban el plan de exterminio que se estaba llevando a cabo
en Latinoamérica como indispensable para defender los intereses económicos
y políticos de los Estados Unidos y sus colaboradores locales.
En Argentina, la justicia federal elevó a juicio oral y público la causa
que investiga la acción represiva conjunta de las dictaduras del Cono Sur.
Esta decisión afectó al ex-presidente de facto Jorge Rafael Videla y
a los militares Eduardo Albano Harguindeguy, Cristino Nicolaides, Luciano
Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi, Santiago Omar Riveros y Eduardo
Daniel De Lio, entre otros. A todos se les imputaron delitos de lesa
humanidad cometidos en el marco del denominado Plan Cóndor.
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